Patricia Martín del Campo Dodd (occisa a la izquierda), Alfonso Martín del Campo Dodd (torturado e inculpado mediante la fabricación de pruebas al centro) y Gerardo Zamudio Aldaba (occiso a la derecha).

BREVE SINOPSIS DEL CASO

En mayo de 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd vivía en la colonia del valle de la ciudad de México con su hermana Patricia, su cuñado Gerardo y sus tres sobrinas Tamara Andrea, María Fernanda y Brenda de 2, 4 y 5 años de edad respectivamente. Gerardo era empresario al igual que Alfonso. La madrugada del sábado 30 de mayo de 1992, estando en su casa Alfonso fue golpeado y secuestrado por dos individuos quienes cubrían sus cabezas con medias de color negro, dejandolo abandonado encajuelado sobre la carretera México-Cuernavaca. Fue regresado a su domicilio por la Policía Federal de Caminos quienes lo auxiliaron siendo el momento en que se enteró de la terrible noticia de que tanto su hermana y cuñado fueron asesinados. Acto seguido fue conducido a la delegación Benito Juárez supuestamente en calidad de víctima cuando en realidad ya estaba detenido y a disposición del ministerio público, y fue introducido en el sótano, lugar en donde fue torturado para que confesara ser el responsable de los dos asesinatos. Un año mas tarde fue condenado a 50 años de prisión teniendo como única prueba en su contra en cuanto a su presunta responsabilidad, la confesión apócrifa. La sala de apelación refiere textualmente en su sentencia que "la declaración confesoria aludida, rendida por el ahora procesado, resulta ser el único indicio de prueba relevante en cuanto al esclarecimiento de los hechos que nos ocupan ....."

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS DEL CASO

En los últimos días, irrumpieron de repente unas organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la señora Wallace, quienes están en contra de las asociaciones delictivas, motivadas por gentes y causas desconocidas, para presentar ante la opinión pública una falsa y por demás extemporanea supuesta declaración ministerial de la sobrina de Alfonso Martín del Campo, quien asegura haber visto a Alfonso asesinar a sus padres hace 20 años.

Lo que no saben esas organizaciones de la sociedad civil, es que detrás de las sobrinas de Alfonso, está una gran organización delictiva. 

La supuesta declaración de mérito, fue fabricada en el año 2003 (once años después de los hechos delicitivos) justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado mexicano por vez primera en su historia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el presente caso que nos ocupa, entre el día 30 de enero de 2003 (fecha de la demanda) y el 5 de mayo de 2003 (fecha de la contestación del Estado),  es cuando de pronto aparece la sobrina de Alfonso de 15 años de edad y declara en fecha 23 de marzo de 2003 en un caso cerrado ante la sub procuradora y el coordinador de asesores del procurador, ¿no hay sospechosísmo?

Acto seguido, no dieron continuidad a la mencionada y fabricada declaración de la menor. Alfonso por su parte solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se le expidiera una copia de esa declaración en su contra con el efecto de defenderse y promover lo conducente. Sin embargo, la Procuraduría le contestó a Alfonso mediante oficio, que dicha declaración de la menor no tenía ni tiene validez legal alguna, en virtud de que ya obraba sentencia al respecto.

No obstante y como es del dominio público, a últimas fechas cuando a Alfonso se le volvió a presentar la oportunidad de recuperar su libertad que le fue arrancada de manera ilegal hace casi 20 años, se movieron muchos hilos para de nueva cuenta sacar a la luz pública esa falsa e improcedente supuesta declaración de la menor para atacar a ultranza ante los medios a Alfonso, misma declaración de la menor que dicho sea de paso fue leida por ella y no aceptó preguntas.

¿Que hay realmente detrás del caso de Alfonso Martín del Campo Dodd?

¿Es realmente Alfonso el asesino o son otras personas las homicidas quienes por ningún motivo quieren Alfonso que salga en libertad?

¿Existe algún interés de personas poderosas en que se mantenga a ultranza la falsa versión y sentencia en contra de Alfonso que lo considera responsable de los asesinatos?

¿Es verdad que la hija del matrimonio asesinado presenció el momento en que Alfonso mató a sus padres o es una mentira y una fabricación mas consistente en una declaración a modo motivada por los verdaderos asesinos para que no se descubra la verdad?

No hay la menor duda de que las tres hijas de los hoy occisos son víctimas. También es deplorable lo acontecido a las personas que encabezan las organizaciones de la sociedad civil en comento. 

Pero por causas desconocidas y sobre todo no muy claras, como ya se dijo, se involucraron organismos de la sociedad civil en el caso, quienes sin vela en el entierro y desde su posición de activistas destacados, juzgaron a Alfonso y lo declararon culpable.

A estas organizaciones llegan a diario decenas de caso pero ¿porqué han tomado el caso como estandarte personal y con tanta pasión? ¿Porque aseguran con tanta firmeza que les consta la responsabilidad de Alfonso? ¿Con que elementos cuentan al margen de la confesión apócrifa y la declaración por demás extemporanea y a todas luces falsa de la joven hija del matrimonio para sostener su dicho desde el punto de vista científico? ¿De que elemento científico pueden echar mano para fundar su seguridad y firmeza de su aseveración? Por que no debemos de olvidar, que los indicios que se tomen como prueba deben de estar plena y contundentemente acreditados, no que se trate de simples indicios puesto que no es posible construir certeza en la base de simples probabilidades, además de que se debe de utilizar el método inductivo y no el deductivo.

En el presente caso de Alfonso se evidencía la ineficacia del sistema de justicia para investigar, detener y enjuiciar a los verdaderos responsables, y por lo tanto esclarecer los lamentables hechos, con la agravante de que hay gentes poderosos detrás del caso para que no se esclarezcan los sucesos y no sean llevados ante la justicia, asi como para que Alfonso no recupere su libertad.

La señora Wallace no es criminóloga ni perito forense; tampoco es especialista en derecho ni impartidora de justicia, por lo que no puede declarar a alguien culpable o inocente.

Es evidente que la señora Miranda de Wallace no ha leido todo el expediente del caso como para realizar señalamientos tan tajantes sobre la presunta responsabilidad de Alfonso.

Pero si lo hubiera leído, se hubiera percatado de las irregularidades que contiene, como el hecho de que la declaración en la que Alfonso confiesa haber matado a sus parientes le fue arrancada bajo tortura.

O que en las fotografías de la reconstrucción de hechos Alfonso en todo momento es sometido, inducido y manipulado.

O que no contó con defensor durante la averiguación previa.

O que el mismo día del doble asesinato, el 30 de mayo de 1992, el agente del Ministerio Público ordenó incinerar las ropas de las víctimas, con lo que borró toda evidencia.

O el hecho de que los cuchillos aportados por el ministerio público y los guantes no tenían sangre suficiente para tipificar ni fragmentos dactilares, a pesar de que conforme con la falsa confesión supuestamente produjeron mas de 66 lesiones mortales (fueron sembrados).

O que los cabellos encontrados en la mano cerrada de la occisa, otro en su muslo izquierdo y otros en el interior de vehiculo en el que fue secuestrado Alfonso, no eran de ninguna de las víctimas ni de Alfonso.

O que se encontró sangre por gotéo de Alfonso en la cajuela del vehículo en el que fue secuestrado.

O que los cuerpos fueron movidos de su lugar original.

O que la occisa a pesar de haber muerto por 29 puñaladas, las ropas con las que fue encontrada no tenía perforación alguna.

O que ambos hoy occisos presentaron lesiones de una tercera y cuarta arma.

O que ambos hoy occisos presentaron lesiones de sometimiento en el cuello.

O que no fueron analizados, ni siquiera asegurados los supuestos zapatos que en apariencia utilizó Alfonso al momento aparente de los asesinatos.

O que no existió cadena de custodia alguna sobre los diversos objetos.

O que no hubo fragmentos dactilares de Alfonso por ningun lado.

O que se encontraron los dos trozos de medias de color negro en el interior del vehiculo en el que fue secuestrado Alfonso y que correspondían a los secuestradores.

O el hecho de que la declaración de la hija del matrimonio, María Fernanda, en la que asegura haber visto a su tío Alfonso matar a sus padres, le fue tomada 11 años después del crimen.

O el hecho de que la persona que sacó a las niñas de la casa al momento de los asesinatos (quien declaró ante el ministerio público que María Fernanada estaba dormida cuando la sacó del domicilio), fue acusado de homicidio en el año 2005 por haber asesinado a dos abogados para evitar el pago de honorarios que generó un asunto penal relacionado con tráfico de armas.

Isabel Miranda aseguró, con base en esta declaración de María Fernanda, que Alfonso es “un asesino” y arremetió contra la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por solicitar al TSJDF el reconocimiento de inocencia a favor de Alonso.

Lo único que hizo la CDHDF fue intentar dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual considera que Alfonso es inocente.

Es evidente que la señora Wallace no conoce a las personas que giran en torno a María Fernanda, mucho menos de su elenco delictivo, porque si lo hubiera conocido, seguro es que no hubiera salido ante los medios de manera aventurada a defender los intererses de esa organización delictiva.

Es necesario que la PGJDF o en su caso y mejor aun, la PGR, transparente la averiguación previa y explique con base en qué elementos, además de la declaración obtenida bajo tortura y la declaración extemporánea de María Fernanda, considera que Alfonso es el asesino.

Y es necesario que las instancias del Poder Judicial a donde llegará el caso se vacunen contra la influencia de personajes que utilizan su fama pública para juzgar y condenar desde los medios de comunicación.

Al paso que vamos, los personajes públicos suplirán en sus funciones a las instituciones del Estado.

Lo innegable es que hay que investigar hasta sus últimas consecuencias lo dicho por ambas partes, porque lo seguro es que alguien miente y otro dice la verdad. La evidente gravedad en la acusación no hace en automático cierta la responsabilidad de Alfonso. Un doble homicidio como el que nos ocupa no se esclarece por medio de declaraciones o confesiones sino por medio de pruebas científicas. No es posible imputar a una persona un ilícito a partir de pruebas obtenidas también en términos ilícitos.